Nuestro país no tiene mayores dificultades para negociar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Así se refirió el viceministro de Comercio Exterior de Perú y Jefe de negociaciones del TLC, Pablo de la Flor.
El anuncio lo dio al dar a conocer la agenda de trabajo que se adelanta en su país previo a la primera ronda que comienza el martes de la semana entrante en Cartagena.
El negociador considera que la experiencia vivida por su país en materia de negociaciones en la década pasada permite al equipo comenzar el proceso con mayor confianza. Por ello, afirma, los intereses nuestros serán más ofensivos que defensivos.
En entrevista con LA REPUBLICA, el funcionario destacó el nivel de los equipos de los tres países andinos que se darán cita en la ciudad heroica y también el nivel de consenso que se ha logrado en encuentros previos al 18 de mayo.
El funcionario también consideró importante que cada uno de los equipos negociadores llegue a Cartagena con una idea muy clara de cuáles son los intereses que se quieren defender en el proceso.
Perú, al igual que Colombia, está dispuesto a avanzar en la negociación a partir de la consolidación de las preferencias del Atpdea, dijo el funcionario al señalar que uno de los temas que más preocupan es el de la protección al conocimiento tradicional.

¿Hasta dónde está dispuesto a ir el Perú en la negociación?
Hay una serie de temas sensibles que ya han sido identificados. Más que temas, el Perú tiene una cartera de intereses que quiere maximizar y a partir de los cuales se formularán nuestras posiciones. En algunos casos son de carácter ofensivo y en otros defensivos. Nuestro país hizo un proceso muy intenso de liberalización en la década de los noventa y a partir de esa experiencia muchos de los temas que para otros países pudieran ser complicados en una negociación como el TLC con EE.UU., para el Perú no lo son. En consecuencia, pese a que existen algunos temas puntuales que son materia de preocupación y respecto a los cuales tenemos unas posiciones muy claras, diría que en lo que atañe a la normativa básica de un acuerdo como el propuesto, nuestro país no tiene mayores dificultades.

¿Cómo está conformado el equipo negociador que usted lidera y cómo viene preparándose?
Contamos a nivel oficial con 35 personas y a ese núcleo hay que sumar los asesores y representantes del sector privado. De esos 35, la mitad trabaja en el Ministerio de Comercio y Turismo, que es el que lidera las negociaciones.
El Perú viene trabajando intensamente desde hace 8 meses en la revisión de documentos, en la identificación de intereses nacionales y, a partir de éstos últimos, en el desarrollo de posiciones, que son las que finalmente llevaremos a la mesa de negociación; e incluso, también estamos discutiendo algunos textos sobre aspectos puntuales que nos gustaría incluir. Hemos venido reuniéndonos con otros miembros del Ejecutivo involucrados en temas comerciales.
Es evidente que la participación del sector privado ha sido muy activa, a través de un consejo que se ha creado únicamente para ese fin. Esta instancia aglutina a todos los gremios y en consecuencia cuenta con una personería y vocería única en la negociación. Los intereses se han estudiado a partir esas deliberaciones y serán recogidos por el equipo negociador oficial.

Y la coordinación con los otros dos equipos negociadores...
Lo fundamental es seguir trabajando en el proceso tal como lo hemos hecho hasta ahora con nuestros colegas colombianos y ecuatorianos. La labor conjunta pasa por la identificación de espacios comunes que estamos seguros nos deben llevar a articular posiciones concertadas. Me parece fundamental que cada equipo llegue con la mente clara sobre cuáles son los intereses de sus países. Es importante que haya vocerías únicas en aquellos temas en los que tengamos plena y absoluta coincidencia.
Consideramos que es fundamental afinar algunos criterios, lo que implicará dos reuniones previas de los grupos negociadores; ya una tuvo lugar este fin de semana en Quito y habrá otra antes de la primera ronda, que será en Bogotá. Estos encuentros se complementan con los contactos que tenemos casi a diario entre los distintos grupos para seguir afinando intereses y posiciones.

¿En qué temas hay una identificación?
En la inmensa mayoría de los temas se advierten intereses comunes, los cuales debieran ser recogidos en el desarrollo de las posiciones que debemos llevar conjuntamente a la mesa.

¿Cómo viene trabajando el equipo negociador de su país con el sector privado, particularmente con el agropecuario que es el que más se opone al proceso?
Me parece que en estos temas hay que tener mucho cuidado en lo que se refiere a su presentación, pues no es todo el sector agropecuario el que se opone, es apenas un grupo de pequeños empresarios agrícolas que tiene una posición contraria con relación a la de la mayoría y que ha expresado legítimamente su preocupación. Con ellos hemos intensificado el diálogo para responder a esas sensibilidades. Eso lo lograremos mediante un acuerdo consistente con los intereses generales del Perú, que incluya mecanismos que nos permitan enfrentar los efectos perversos que pudiera tener un acuerdo como el que se pretende negociar.
Vale la pena aclarar que aunque vamos juntos, las disciplinas son comunes mientras que las listas de acceso las negociaremos de forma individual. Este último proceso se adelantará de forma paralela. Toda la normativa del acuerdo será negociada de manera conjunta por tratarse de temas de carácter transversal que constituirán el piso a partir del cual se dará la desgravación arancelaria.

¿Cómo se resolvieron los contenciosos que impedían que Perú pudiera comenzar negociaciones?
Se trata de contenciosos judiciales que involucran a empresas norteamericanas y que han quedado resueltos. Hay dos tipos de contenciosos: uno inicial cuya solución ha sido finalizada, lo que implica que no hay ninguna gestión por parte del Estado. El otro grupo ha sido objeto de decisiones judiciales y ha requerido de la presentación de unas hojas de ruta en las que se señala un derrotero para la solución de los temas pendientes. Sobre éste último grupo el Estado peruano sólo puede garantizar el respeto escrupuloso al debido proceso.