Rosalba Cubillos

Cuando se habla de los hechos más destacados a lo largo de la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, sin duda en la mesa de propiedad intelectual fue donde se vivió la más alta tensión.

La abrupta renuncia de tres asesores de alto nivel del Ministerio de Protección Social en el tema de los medicamentos puso en evidencia la pugna que se libró a lo largo del proceso entre el equipo negociador y los representantes de los laboratorios nacionales.

Lo ocurrido con la decisión de los representantes de Minprotección fue la gota que rebasó la copa.

El primer incidente que evidenció las distancias sucedió durante la tercera ronda que tuvo lugar en Lima cuando Estados Unidos vetó al asesor y experto en propiedad intelectual contratado por el Ministerio de Protección Social, Carlos María Correa. “Esta es una crisis y habrá muchas otras que se tendrán que solucionar”, advirtió en ese entonces, cuando apenas se realizaba la tercera ronda, el jefe de la delegación colombiana, Hernando José Gómez.

En las siguientes reuniones, la distancia entre los negociadores y los voceros de los laboratorios nacionales siguió en la misma dirección hasta cuando ocurrió otro hecho que desenmascaró la fragilidad de esa mesa.

En febrero del año pasado, cuando el equipo negociador rendía informe ante la sociedad civil, se conoció que el entonces jefe de la mesa, Luis Ángel Madrid, había hecho un movimiento que posteriormente le costó la salida del equipo negociador por no haber consultado a sus superiores, es decir al Ministro y al jefe negociador.

No obstante, detrás del consenso hay una industria millonaria y, por supuesto, una feroz lucha de poderes.

Luego de la renuncia de los tres negociadores técnicos del Ministerio de Protección Social, más que conocerse cuáles eran las fórmulas que se adoptarían para la fase final de la negociación en la mesa de propiedad intelectual, lo que se vio fue una prudencia extrema del gobierno, que generó la mayor inquietud entre los voceros del sector privado.

Una de las pretensiones en las que más insistió Estados Unidos y que generó el distanciamiento entre gobierno y privados a lo largo de la negociación, fue el alargamiento de las patentes por encima de los 20 años que manda la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los estadounidenses siempre pidieron que se compensara las demoras injustificadas que se dan en el proceso de tramitar los registros sanitarios. Finalmente, EE.UU. ganó en este punto, pues fue uno en los que cedió Colombia.

La extensión del plazo de éstas significará que por varios años no se dé la competencia que es la que puede reducir los precios al consumidor y al paciente, lo que tendrá implicaciones tanto para el sector público que adquiere fármacos como para los pacientes que los compran directamente.

Según los asesores de Minprotección, estudios reflejan que el impacto de la introducción de patentes en los precios de los medicamentos sería en algunos casos hasta del ciento por ciento. Si se hace un cálculo basado en el precio promedio de los medicamentos, es probable que el impacto sea menor.