La negociación comercial con los Estados Unidos entrará dentro de poco en su fase final donde las determinaciones cruciales no serán tomadas por los técnicos, sino por los jefes de la negociación, que tienen la responsabilidad política del acuerdo. El comienzo de la negociación política en el plano bilateral debería estar precedido del lanzamiento de un proceso interno de la misma índole, con una participación más activa de las regiones y ciudades sobre las cuales el TLC tendrá un impacto profundo.
El proceso político interno no puede estar circunscrito tan sólo a la participación del Congreso de la República. Constitucionalmente ésta es obligatoria pues será el órgano legislativo el que apruebe o no el tratado, pero ello en modo niega la conveniencia de un acuerdo más amplio en el que las regiones, y la Capital de la República a la cabeza, participen activamente.
El Gobierno ha buscado que en estas primeras fases la negociación transcurra en el terreno técnico, y el papel dentro de ella de los voceros políticos nacionales, departamentales y locales ha sido mínimo. Puede tener cierta razón el Ministerio de Comercio en adoptar esta estrategia, pues la negociación no está madura para debates políticos internos. Pero cuando el proceso está ad portas de esta madurez, el Gobierno Nacional debería abrir un espacio de negociación regional y local, dentro del cual la participación de Bogotá tiene que ser preponderante por obvias razones.
Ahora bien, para que el papel de Bogotá sea importante tanto el Gobierno Nacional como el Alcalde Garzón deberían hacer ajustes a sus estrategias frente al TLC.
El Ministerio de Comercio haría bien en otorgar a Bogotá el estatus de interlocutor directo. Además de las evidentes ganancias en legitimidad, Bogotá puede constituirse en una valiosa herramienta de negociación, que juegue un papel similar al que desempeñan los Estados federados en EU. Allí, aquéllos son empleados como escudo por los negociadores estadounidenses quienes se refugian en la estructura federal norteamericana y en el poder político de ciertos estados, para evitar hacer concesiones requeridas por la contraparte. Bogotá puede cumplir un rol similar, máxime cuando en la actualidad las administraciones nacional y distrital se hallan en orillas políticas diferentes y la delegación colombiana puede esgrimir con credibilidad la oposición capitalina a ciertas solicitudes estadounidenses como instrumento para negarlas. En síntesis, el Ministerio de Comercio tiene que entender que Bogotá puede ser un aliado importante en la negociación y asignarle un rol significativo dentro de ella.
Pero, la administración del Alcalde Garzón también tiene que replantear su aproximación al TLC, si desea -como es su deber- desempeñar un papel significativo en defensa de los intereses de la ciudad. La misma falencia que el Alcalde le atribuye al proceso nacional, la posee su propio proceso interno a nivel distrital: en ambos el espacio de participación política es restringido. La posición de la Capital frente al TLC no debe ser tan sólo aquélla de la administración Garzón: un consenso más amplio es necesario - y todavía hay tiempo para alcanzarlo - en virtud del cual la posición de la ciudad en relación con los temas de la negociación prioritarios para ella sea el fruto de un acuerdo más representativo que surja del consenso entre la Administración y las fuerzas que poseen hoy representación en el Concejo.
Un auténtico acuerdo político en Bogotá en torno al TLC es la estrategia capital para lograr que la voz de la ciudad sea escuchada por el Gobierno Nacional. En el Concejo estamos listos para impulsarlo con seriedad y responsabilidad.
En conclusión, la fase política de la negociación está próxima a comenzar y tanto el Gobierno Nacional como el Alcalde de Bogotá deberían reconocer la urgencia de consensos políticos más amplios alrededor del TLC en ambos niveles gubernamentales.

Orlando Parada