Durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y, más aún, para su aprobación, el Congreso de la República no puede ser un simple actor pasivo, para cumplir un formalismo de carácter notarial.
Al contrario, el poder legislativo debe ser particularmente crítico e independiente, en defensa de los principios que, según la Constitución, está obligado a preservar en este tipo de negociaciones, como son: la soberanía nacional, la autodeterminación, la integración latinoamericana, la equidad, la reciprocidad, la conveniencia nacional, y la autonomía de las entidades territoriales.
De tal manera, a falta de una Ley Marco que desarrolle el alcance de dichos principios constitucionales, se impone la necesidad de un gran Acuerdo Multipartidista, entre el gobierno y los partidos políticos con representación en el Congreso de la República, para definir la forma como dichos principios serán interpretados y aplicados en el momento de la aprobación del Tratado.
En efecto, el Acuerdo nos permitirá definir los parámetros con los cuales se evaluará su costo-beneficio, en términos de ingreso per capita, generación de empleo y bienestar. No podemos aceptar un tratado que sólo beneficie los intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos, para fortalecer su liderazgo en el mundo.
En temas particularmente críticos como la agricultura, las telecomunicaciones, la propiedad intelectual, la industria, la contratación y las compras públicas, los servicios financieros, los medicamentos, la biodiversidad, el medio ambiente y la cultura, este Acuerdo debe señalar con claridad los umbrales críticos, más allá de los cuales no se puede ceder sin comprometer la soberanía y el interés nacional.
El Congreso debe vigilar que no se atente contra la autonomía de las entidades territoriales, y que no se comprometan, de manera inconsulta y sin concertación previa, sus planes de desarrollo y sus presupuestos de inversión. Por lo tanto, una vez suscrito el Tratado, el Ejecutivo debe presentarle un serio informe sobre el impacto regional, y un plan de compensación y reconversión para contrarrestar los efectos negativos que se generen de la liberación comercial con los Estados Unidos.

Agenda institucional
El legislativo también debe controlar que el TLC no ponga en peligro las agendas y las instituciones de la integración andina y latinoamericana, especialmente en temas como la solución de controversias, las franjas de precios y las salvaguardias.
El tal sentido, debe ser consciente que la agricultura es un sector particularmente estratégico y sobre el que se ciernen las mayores amenazas, pero, al mismo tiempo, en el que se cifran las mayores expectativas. Igualmente, debe considerar que excesivas concesiones en propiedad intelectual pueden poner en riesgo la soberanía, la salud de los colombianos y la productividad, así como también que en el sector de las telecomunicaciones, no se puede entregar ni la propiedad social de las empresas, ni su infraestructura.
Finalmente, en materia de servicios financieros, es necesario velar por que el Tratado no ponga en peligro el ahorro de los colombianos, ni se condene a las entidades nacionales a una competencia desleal.
En definitiva el Congreso debe someter al más riguroso escrutinio el texto que se suscriba, para que, en todos y cada uno de los temas, se garantice la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional, como lo ordena la Constitución

Rafael Amador