Nos da mucha pena aguar la fiesta de inauguración de las negociaciones del TLC pero cumplimos el deber de advertir a la opinión pública sobre los efectos nocivos que el tratado podría generar, si no se negocia bien, para el acceso a medicamentos y, por tanto, para la salud de los colombianos.

Nuestra posición no es de rechazo al TLC, pues sabemos que es un desarrollo natural del proceso de globalización, que puede ser benéfico en la medida que contribuya a fortalecer la equidad. Lo que preocupa es que E.U. lo aproveche para imponer estándares de protección de la propiedad intelectual superiores a los de la OMC (estándares “Adpic plus”), ideados para fortalecer la posición dominante de las farmacéuticas internacionales, sin consideración al alto costo social.

En Colombia, la falta de acceso a medicinas afecta a más de la mitad de la población porque o no pertenecen al Sistema de Salud o sí pertenecen pero no pueden pagar de su bolsillo los remedios que el Sistema no suministra, los cuales, según estimado de la OPS, representan el 40 por ciento de las prescripciones.

La solución es estimular la competencia. Al finalizar una patente el precio del producto cae hasta 70 por ciento, dependiendo del número de genéricos que entran al mercado. De allí en adelante cada vez que entra un competidor el precio promedio cae 10 por ciento. Gracias a ello en Colombia los genéricos cuestan, en el 80 por ciento de los casos, el 25 por ciento de lo que cuestan los innovadores. Lo que en buena parte explica el auge de los genéricos, que hoy abastecen el 67 por ciento del mercado nacional (en unidades).

Para estimular la competencia es indispensable impedir que a través del TLC se establezcan estándares “Adpic plus” que saquen del mercado a los genéricos o demoren su entrada, en perjuicio del consumidor.

Infortunadamente la agenda para el TLC comprende 14 barreras, entre ellas patentamiento de los segundos usos, protección exclusiva de los datos, ampliación del término de las patentes más allá de los 20 años de la OMC y limitaciones para la utilización de las salvaguardas de la salud consagradas en la OMC: licencias obligatorias e importaciones paralelas. Salvaguardas que permitieron a Brasil y Sudáfrica, por ejemplo, bajar el costo del tratamiento para el Sida de 10.439 dólares a 201 dólares por persona año (98 por ciento).

Si por una mala negociación llegaran a establecerse aquí estas barreras, los precios de las medicinas se dispararían, agravando la falta de acceso de los consumidores individuales e institucionales. Un estudio concluye que si el 5 por ciento de los medicamentos del POS que hoy se compran a precios de competencia (genéricos) hubiera que pagarlos a precio de monopolio, saldrían del sistema de salud cuatro millones de colombianos.

Según un informe entregado por la industria farmacéutica norteamericana, si Colombia estableciera las barreras del TLC, los laboratorios norteamericanos incrementarían sus utilidades en 750 millones de dólares anuales; es decir que los consumidores colombianos tendrían que pagar 750 millones de dólares más, en detrimento de otros bienes y servicios esenciales. Es una cifra escandalosa, superior a las ayudas de Estados Unidos al Plan Colombia, equiparable a casi un punto del PIB nacional y superior a lo que espera recaudar el gobierno con la última reforma tributaria.

No se diga que estos sacrificios se justifican para que las multinacionales puedan seguir investigando nuevas moléculas (Investigación y desarrollo - I&D). La verdad es que ellas recuperan la I&D en los 2 o 3 primeros años de comercialización en los países industrializados, que representan el 80 por ciento del mercado mundial y tienen capacidad para asumir precios de monopolio. La participación de Colombia en el mercado mundial es de 0.32 por ciento. ¿Puede alguien pensar que si aquí no se establecen los estándares “Adpic plus” los norteamericanos no volverán a hacer I&D? La aspiración de incluir a los países pobres en el cuento de la I&D constituye la mayor causa de sufrimiento y muerte en el mundo en desarrollo, pues excluye a millones de personas de medicinas que pueden curar enfermedades y salvar vidas.

En este contexto nuestra esperanza es que los negociadores sepan darle al derecho de acceso a medicamentos, la prelación que le corresponde como extensión del derecho fundamental a la salud y la vida. Ya se le concedió bastante a Estados Unidos mediante la expedición del Decreto 2085, que bajo dicho amparo, el Invima está protegiendo como “Nuevas Entidades Químicas” sustancias conocidas en el mundo desde hace entre 14 y 49 años, con el consiguiente bloqueo temporal de los genéricos, que saldrían al mercado con un precio 4 veces menor.

Ir más lejos precipitaría al país a una crisis sanitaria de incalculables proporciones. El derecho de acceso a medicamentos no es canjeable por mercancías ni por cuotas de exportación ni siquiera por expectativas de generación de empleo. ¡La salud no es negociable!.

Germán Holguín Zamorano
Director General de Misión Salud