El norte del sistema de salud
Roberto Cocheteux Tierno - 0 Comentarios
Publicado: 02.03.2010
La Emergencia Social ha dejado, a través de los decretos de ley expedidos, la sensación de improvisación y desorientación,

evidenciando la falta de un direccionamiento que permita un adecuado manejo del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss).

La Ley 100 de 1993, de la que fue ponente el entonces Senador Álvaro Uribe, permitió un cambio radical en el aseguramiento de la población colombiana. Basada en los principios de universalidad, solidaridad y eficacia consiguió que se desarrollara un sistema de salud que está llegando a la universalidad, considerado el más solidario del mundo, según la Organización Mundial de la Salud y tan eficaz que, la atención de un usuario cuesta 15 veces menos que en EE.UU. o 10 veces más barata que en España. Además, no existen listas de espera quirúrgicas como en España donde, por ejemplo, una operación de rodilla puede tardar más de dos años en llevarse a cabo. Esta misma ley establecía que el plan de salud y la unidad de capitación deberían actualizarse por lo menos una vez al año.

Para que el sistema no sea traumático y tenga una evolución paulatina, los Planes Obligatorios de Salud (POS) deberían ser actualizados constantemente por la Comisión Reguladora en Salud (Cres), apoyada en un equipo eminentemente técnico. Es obligación del Sgsss incorporar al correspondiente plan de salud los procedimientos, insumos y medicamentos que la población demanda e incrementar la unidad de pago per capita (UPC) en la cantidad necesaria para garantizar la sostenibilidad del mismo. Existe abundante información de las necesidades de servicios cubiertos a través de tutelas o de Comités Técnico-Científicos y, a pesar de ello, siguen sin incorporarse al plan obligatorio, generando demoras en la atención y problemas financieros en las EPS, además de enormes costos burocráticos.

Crear un Fondo para las Prestaciones Extraordinarias de Salud (Fonpres) es romper la integralidad de la atención al paciente y mantener una relación incómoda de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con sus usuarios en aquellas prestaciones no incluidas en el plan de salud, dando la sensación una vez más de que las EPS no quieren darles todo lo que necesitan y obligándoles a ejercer su derecho a la salud a través de tutelas o de complicados trámites administrativos.

La misma Cres tiene facultades para actualizar permanentemente la UPC, las cuotas moderadoras y los copagos. Por lo tanto, lo razonable sería garantizar la sostenibilidad del sistema utilizando estas herramientas.

Es preferible subir las cuotas moderadoras o los copagos para financiar el sistema que dejar por fuera de la cobertura enfermedades que pongan en riesgo la salud y el patrimonio de las familias. Colombia tiene el gasto de bolsillo en salud más bajo de toda América y eso permite un margen para tomar este tipo de medidas. Otra fuente de financiación podría ser una retención en la fuente de los honorarios profesionales con destinación específica para salud con un tope equivalente al valor de las UPC del grupo familiar en el año, más un diez por ciento para solidaridad, devolviendo los excedentes si los hubiera en la declaración de renta.

Por otra parte, se hace urgente la creación de un organismo que reúna a los actores del sistema de salud, es decir, médicos, Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), EPS, industria farmacéutica y asociaciones de usuarios. Durante este gobierno cada sector ha estado discutiendo por separado con el Ministerio de Protección Social las decisiones que favorecen a un sector, normalmente perjudican a los otros. Entre todos se pelean los insuficientes recursos del Sgsss, mientras las arcas del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) crecen, acercándose a los siete billones de pesos invertidos en títulos del estado (TES).

Mediante un trabajo coordinado se podría encontrar el norte y llevar al gobierno propuestas razonables que acabaran con medidas improvisadas que no satisfacen a nadie y evitar la pauperización de los distintos actores sin perjudicar la calidad y oportunidad de la atención de la población colombiana.

Por último, tenemos que ser conscientes de la necesidad de unidades de atención primaria, de camas hospitalarias y de equipos de quirúrgicos y de diagnóstico que permitan atender eficazmente la afiliación universal. Cuestionar las inversiones de las EPS y de los médicos en ello, pone en riesgo la capacidad de atención a los pacientes. Resulta una paradoja pedirle a Saludcoop que venda su infraestructura hospitalaria y que además aporte recursos nuevos a la cooperativa para poner en el sistema financiero más de seiscientos mil millones de pesos.
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