La norma también cobija los miles de contratos que suscriben las firmas privadas del país con el sector público, incluyendo los que realizan alcaldes y gobernadores.
 

La nueva regulación permite que los documentos con duración superior a cinco años, se adquieran varias pólizas dependiendo del número de etapas establecidas en cada obra.

Por ejemplo, en el caso del túnel de La Línea, avaluado en 703 mil millones de pesos, el contratista que resulte ganador, tendrá la opción de comprar un seguro por cada fase del proyecto: una para los estudios y excavación, otra para las dobles calzadas, otra más para el equipamiento y así sucesivamente.

Una de las quejas más recurrentes de los constructores era que las compañías aseguradoras no estaban expidiendo pólizas a obras muy grandes o con un valor alto. Esta nueva reglamentación permite solucionar este inconveniente y abre la puerta para adquirir rápidamente estos seguros.

Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se trata de un avance por cuanto permite conseguir pólizas en un menor tiempo y con menos trabas, sin poner en riesgo las garantías de las obras.

El decreto, que ya fue concertado con las firmas aseguradoras, bancos y ministerios de Interior, Hacienda y Departamento Nacional de Planeación, también hace posible que la empresa contratista ponga a disposición de una compañía aseguradora un depósito bancario, un bien inmueble o incluso un CDT para avalar la expedición de una póliza de garantía.

Otra manera de conseguir una póliza para una obra de infraestructura o contrato con el estado, es entregar a una firma fiduciaria un determinado bien como garantía.

“Por ejemplo, una firma de ingeniería es contratada para la construcción de una vía y está buscando una póliza de cumplimiento para poder firmar el acuerdo. Dicha empresa puede poner a disposición de una fiducia un determinado bien, como maquinaria o equipo, dejando claro que si incumple con la carretera, la fiducia puede utilizar dichos bienes para responder por la póliza”, explicaron expertos del Ministerio del Transporte.

Para esta nueva modalidad, el decreto es muy claro en precisar que no todos los bienes se pueden utilizar como respaldo de una póliza.

“Los inmuebles deben cumplir con algunas características como no estar gravados, tener un avalúo no inferior a dos mil salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, 923 millones de pesos (a valores de 2008)”.

El Ministerio del Transporte explicó que dicho decreto responde a una necesidad de las empresas de ingeniería del país que concursan en millonarias licitaciones como el túnel de La Línea, Autopista de la Américas, que conecta por vía terrestre Venezuela con Panamá atravesando Colombia y la misma Ruta del Sol, proyecto avaluado en 5,4 billones de pesos.

Hay que recordar, que para contratos de este tipo, las firmas aseguradoras del país generalmente acuden a multinacionales para reasegurar estas pólizas y no poner en riesgo su estructura financiera. Sin embargo, debido a que el Riesgo País no es el óptimo, todavía era muy difícil conseguir esa garantía internacional.

Con el fraccionamiento de las pólizas y los nuevos mecanismos para contratarlas será más fácil la expedición de estos documentos en el mercado interno.

La norma será expedida en los próximos días y reglamenta la Ley 1150 de 2007 o reforma a la Ley 80 de contratación pública.

Con respecto a la nueva norma, la directora de la Cámara de Cumplimiento de Fasecolda, Sandra Serrato, dijo que "de la buena estructuración del decreto, dependerá contar con el respaldo de los reaseguradores internacionales para los proyectos importantes que tiene presupuestado el Gobierno Nacional, como por ejemplo la concesión de la Ruta del Sol, entre otras”.

Serrato aseguró que ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993) en su momento histórico no tuvo en cuenta que se avanzaría hacia grandes contratos de infraestructura y concesiones (viales, de comunicaciones etc.) de muy largo plazo, situación que originó tropiezos en el mercado para obtener garantías de seguros que amparen dichos contratos, ya que los reaseguradores sólo expiden garantías por máximo cinco años.

 

La Cámara Colombiana de la Infraestructura envío el pasado 26 de agosto, una comunicación dirigida al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Edmundo del Castillo, donde solicita que sea derogado el Artículo 88 del decreto 2474 titulado “Determinación de riesgos previsibles”, “pues la inclusión de éste no estaba contemplado dentro del decreto 66 y el texto del artículo desconoce la Ley 1150 en su contenido”. A los firmas de construcción les preocupa asumir riesgos no cuantificables o no previstos en el momento que se suscribe un determinado contrato.

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