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Su campo de acción también se extenderá a los serruchos, martillos, arena, cemento, es decir, a los productos de ferretería y a los materiales de construcción.

Así comunicó Juan David Valderrama, director del programa de financiación de electrodomésticos de EPM, quien añadió que firmas líderes como Pisende, Depósitos Miranda y Roca están listas para participar en este programa. También firmas como Cerámica Italia, Corona y Alfa Iguales han expresado su apoyo a esta iniciativa.

El funcionario dijo que el plan piloto despegará en el cuarto trimestre de este año, con una meta de 3.000 clientes mensuales, para un total de 9.000 al cierre del presente ejercicio. Dependiendo de los resultados que se obtengan, los artículos más demandados por los usuarios y otras variables que se medirán, se decidirá si la segunda fase se desarrolla en el segundo semestre del 2009 o si se anticipa para marzo o abril del mismo año.
La Contraloría, alerta

Carlos Mario Escobar, contralor General de Medellín, le manifestó a este diario que el organismo de fiscalización ha iniciado lo que en el lenguaje técnico se llama un informe especial de auditoría. No es, aclaró el funcionario, una investigación formal o cosa por el estilo.

A raíz de las denuncias que ha venido haciendo Fenalco Antioquia sobre el plan de financiación de electrodomésticos de EPM, la Contraloría conformó un equipo, liderado por el contralor Auxiliar, para responder a la sencilla pregunta de si esta línea de negocios de Empresas Públicas cabe dentro de su objeto social. Ese análisis podría tomar un mes.

Para Sergio Ignacio Soto Mejía, abogado y director Ejecutivo de Fenalco Antioquia, EPM está tocando los linderos del código penal, pues pone en juego dineros públicos, que son sagrados, y que no se pueden destinar a objetos sociales diferentes a los que la organización tiene, y que se relacionan con la prestación de los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, telecomunicaciones, gas y hasta el servicio de aseo.

Consultas y quejas
Obrando en consecuencia, el dirigente gremial anuncia que en las próximas semanas se elevarán, formalmente, las consultas y quejas de rigor ante las superintendencias Financiera, de Servicios Públicos Domiciliarios y de Industria y Comercio. Fenalco sostiene que el programa de EPM es una forma de competencia desleal y desigual, que podría generar el cierre de unos 350 almacenes tradicionales que venden electrodomésticos y en los que laboran, en forma directa e indirecta, cerca de 10.000 personas.

El gremio considera que los recursos públicos que EPM y Une Telecomunicaciones destinarán a este programa están cobijados por un gran manto de incertidumbre, como quiera que ambas entidades no tienen experiencia como banqueros o como administradores de estos contratos de mutuo para el préstamo de dinero. Empresas Públicas lo que tiene son ingenieros, y de los mejores del país, según Soto Mejía, quien se muestra extrañado de que la definición de este negocio se le haya entregado a los técnicos de la unidad estratégica de energía.

Fenalco enfatiza en que EPM pone en riesgo un valioso capital público al entrar a financiar electrodomésticos y otros artículos. Recuerda, por ejemplo, que los estratos más bajos destinan entre un 30 y 35 por ciento al pago de los servicios públicos, lo cual les deja poco margen de maniobra en materia de endeudamiento.

Además, trae a colación que las Empresas tienen el 85 por ciento de sus usuarios en los estratos uno, dos y tres, y que hay 85.000 clientes con sus servicios desconectados.

Campaña en contra del plan
En desarrollo de su campaña contra el plan de EPM, Fenalco se reunió con 10 concejales de Medellín y, según el reporte de Soto Mejía, el 90 por ciento respaldó al gremio comercial. Algunos concejales confesaron que se habían enterado del programa a través de los comerciantes y anunciaron que harán un control político de esta iniciativa. Consultado sobre el particular, Juan David Valderrama reconoció que, en medio de la autonomía que carateriza a EPM para la definición de sus negocios, no se ha realizado una presentación formal de este programa al Concejo, pero él ha hablado informalmente del asunto con algunos concejales. Frente al análisis de la Contraloría, el funcionario se mostró muy tranquilo, pues el trabajo adelantado por el equipo jurídico de la entidad le permite asegurar que las Empresas Públicas no tienen ningún impedimento legal para financiar electrodomésticos.