Implicaciones económicas de la reelección
Rodrigo Botero Montoya - 0 Comentarios - Calificación 1
Bogotá. 

Comienzo con una advertencia que puede decepcionar a quienes desean un pronunciamiento definitivo y tajante acerca de la mayor o menor conveniencia de la reelección, desde el punto de vista económico. Cuando los políticos, o los contertulios en una reunión social, le solicitan a un economista su concepto respecto a determinada iniciativa, suelen recibir una respuesta poco satisfactoria, cuando no exasperante: Eso depende.

No obstante su falta de nitidez, o la sensación de indefinición que revela, como norma general, esa respuesta es la correcta. Las recomendaciones de política económica carecen de sentido si hacen abstracción del contexto en el cual se formulan y del objetivo deseado. Las discusiones acerca de su conveniencia no siempre distinguen entre el interés colectivo y el interés particular. Dicho de otra manera, lo que resulta recomendable para lograr un equilibrio general es diferente de lo que establece el equilibrio parcial de un sector o de una empresa. Esa diferencia de perspectivas explica las frecuentes discrepancias entre el enfoque de los economistas y el de los voceros gremiales.

La investigación policial utiliza el principio de Cui bono, (¿a quién beneficia?) para tratar de identificar los posibles móviles de ciertos crímenes. Ese principio también sirve para explicar las opiniones contradictorias que se expresan acerca de las medidas económicas. Casi siempre, éstas afectan en forma desigual a los distintos grupos sociales. Lo que beneficia a unos puede perjudicar a otros. Por lo tanto, al evaluar las políticas económicas, conviene hacer claridad acerca de la manera como se distribuyen los beneficios y costos entre la población.

Sirvan estos caveats para justificar la aparente vaguedad con la cual se trata un tema cuyas implicaciones jurídicas, institucionales, de relevo generacional y prestigio internacional son conocidas, aún por los más fervientes promotores de la reelección. Otra reforma a la Constitución para abrirles camino a reelecciones sucesivas conlleva perpetuar los siguientes rasgos de la política económica gubernamental: los altos gravámenes a la generación de empleo formal, la autorización de zonas francas uniempresariales, el proteccionismo agropecuario, un manejo sui generis de la infraestructura y un estilo de toma de decisiones que privilegia la voluntad presidencial y reduce la injerencia de los técnicos en la formulación de las políticas públicas.

No pocas de las discrepancias entre los economistas y los funcionarios gubernamentales se originan en formas diferentes de percibir estos temas. Mientras unos prefieren normas generales e impersonales, y formas institucionales de tomar decisiones, los otros enfatizan la discrecionalidad, los resultados y el ejercicio vigoroso y expedito de la autoridad.

Las investigaciones sobre el funcionamiento del mercado laboral colombiano confirman que los cuantiosos recargos a la nómina aumentan el desempleo y estimulan la informalidad. Este esquema es respaldado por las entidades receptoras de esos recursos. El regimen de zonas francas para atraer la inversión ha suscitado controversia por su enorme costo fiscal y porque vulnera elementos de transparencia, equidad y progresividad en la estructura tributaria.

A esta crítica se contrapone el apoyo de las multinacionales beneficiadas. Los economistas agrícolas observan que el excesivo proteccionismo favorece a los productores, a la vez que encarece los alimentos, eleva el precio de la tierra y dificulta la implementación de un modelo agro-exportador intensivo en empleo. Sigue pendiente el interrogante inicial. ¿Es deseable perpetuar los lineamientos de política económica o, por el contrario, convendría modificarlos a partir del 2010? Como todo juicio de valor, esa es una cuestión de criterio individual. Mientras no se especifique cuál es la perspectiva de quien formula el interrogante, la respuesta adecuada sigue siendo: Eso depende.


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