Remiendos en impuesto al patrimonio
Jorge Iván González - 0 Comentarios
Bogotá. 

El impuesto al patrimonio tiene solamente una ventaja: su progresividad. Es decir, que está diseñado para gravar más a quienes reciben mayores ingresos, como ocurría hasta hace algunos años cuando se aplicaba a personas con más de 3.000 millones de pesos de patrimonio. Sin embargo, a medida que ha venido siendo modificado, son muchas más sus desventajas: la desarticulación del tema tributario, la destinación específica y la temporalidad del impuesto.

La estructura tributaria en Colombia ya está muy desarticulada. Primero porque el actual gobierno ha aumentado muchísimo las exenciones, con el argumento de que los empresarios van a invertir más, pero no hay ninguna garantía de que el menor impuesto se convierta en inversión y empleo.

Cuando en el país empezaron las zonas francas, por ejemplo, los menores impuestos que pagaban quienes se ubicaban allí estaban condicionados a que hubiera exportaciones y generación de empleo. Aun así, hoy las exenciones no tienen una contrapartida ni un control para que efectivamente eso redunde en el mejoramiento de las condiciones de producción.

Un segundo elemento que complica la actual estructura tributaria, tiene que ver con los pactos de sostenibilidad financiera que ha firmado la actual administración y que impiden modificar la tributación de las grandes empresas. Una vez las empresas han firmado dichos pactos adquieren una garantía especial, que ni siquiera una norma del Congreso de la República podría modificar, generando grandes distorsiones en la tributación.

Como tercer elemento, la dinámica que ha tenido el impuesto de renta en el país siempre ha estado sustentada en la clase media. Es decir que, en términos relativos, dicho segmento de la población paga una mayor tarifa, y en la medida que los capitales y las rentas son mayores la tarifa se va suavizando. Hoy, una persona que recibe un ingreso mensual de 35 millones de pesos paga la misma tarifa que una persona que tenga 100, 200 o 300 millones de pesos mensuales.

Un cuarto elemento de la desarticulación, es la falta de tributación al suelo tanto rural como urbano. La tributación rural es, especialmente, pésima, con impuestos prediales efectivos que apenas pagan una tarifa de dos por mil. Ahora bien, lo que hace el impuesto al patrimonio es ocultar estos cuatro elementos que son de la estructura y, por lo tanto, es necesario mejorar el impuesto al tierra y evitar las exenciones.

Además de la desarticulación del sistema tributario, en el país no hay reformas fiscales generales que hayan sido estructuradas de manera seria sino que se han venido haciendo remiendos.

El otro gran problema es la destinación específica, ya que un principio básico de la tributación son los impuestos generales. El impuesto al patrimonio es para que el Congreso determine en qué se van a utilizar los recursos, pero cuando se amarra una fuente de ingresos a un gasto específico (militar) se generan dificultades de conexión de la tributación porque ésta es de libre disponibilidad.

Por último, está el tema de la temporalidad, que tiene sentido cuando el Estado financia gastos recurrentes. Si el gobierno compra cinco aviones con el impuesto al patrimonio no hay mayores inconvenientes más allá del gasto en mantenimiento, pero si aumenta el pie de fuerza la temporalidad pierde sentido.

Ante este panorama sería deseable hacer una reforma tributaria integral y progresiva, ya que tal y como están planteando los cambios al impuesto al patrimonio sería un remiendo más que no favorece la progresividad general de los impuestos.

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